En los “objetos de investigación” del caso de las intervenciones bancarias de Bolívar, Banpro, Confederado y Canarias, los fiscales Ana Ysabel Hernández, Daniel Medina y Alicia Monrroy, se encontraron que Ricardo Fernández Barrueco le compró a estas instituciones $370 millones en bonos de Pdvsa.

Todo esto formó parte del proceso de desincorporación de las notas estructuradas, un mandato que hizo el Gobierno a todos los entes financieros en 2008.    En ese sentido “en relación al plan de desincorporación de las notas estructuradas se establecieron tres fases; la primera de ellas correspondía a la adquisición de $100.000.000 en Bonos emitidos por Pdvsa…” Esto se señala en un escrito de contestación que los fiscales emitieron a la defensa de Rafael Alberto Medina Ulaceo, uno de los directivos de Banpro imputado el delito de apropiación de los recursos de los ahorristas. Más adelante se indica que “…la segunda y tercera fase comprendía la adquisición de $ 100.000.000 y $170.000.000 de bonos de pdvsa, respectivamente, entre los meses de enero y febrero de 2009″, continúa el texto. En el documento también se dice que luego Fernández Barrueco presentó una propuesta con algunas modificaciones: “…se procedería a la compra del total de las nota estructuradas a su precio de mercado por parte de la empresa Galopy Corporation; calculando éste en atención a la desvalorización de la misma, que estimaron entre 25% y 29% de su valor facial, previendo”. Esto sería a través “de un único pago en moneda nacional”, según cita el mismo texto. No sería la primera vez que Fernández Barrueco adquiriría bonos de la petrolera estatal. El documento también indica que la información financiera de Galopy, cuyo accionista mayoritario es el empresario acusado, se registraban $17 millones en efectivo y $42 millones en bonos de Pdvsa. De acción en acción Galopy es la compañía con la que el empresario hizo el cruce de acciones en la Bolsa de Valores de Caracas para comprar los primeros bancos: Bolívar, Banpro y Confederado. Luego, Banpro adquirió el banco Canarias, y según este escrito, esta última operación fue autorizó por la Comisión Nacional de Valores (CNV) en la resolución N° 114-2009 del 28 de septiembre de 2009. Es decir, casi dos meses antes de la intervención de los bancos. El monto de esa negociación ascendió a Bs.F. 5.050 millones. Más adelante, el 5 de noviembre de ese año, la Sudeban emanaría un comunicado en el que decía que el Canarias estaba sobrevalorado: “El informe de valoración del banco Canarias, al 30 de junio de 2009, efectuado por la Superintendencia de Bancos (Sudeban), elaborado utilizando el método de “Good Will”, arroja un valor de Bs.F. 932.940.000″. Lo que para el ente regulador implica que la entidad se vendió por un monto casi quintuplicado. Para Sudeban esto también era indicio. “El pago del monto convenido presuntamente se utilizaron los recursos del banco, propios de sus actividades de captación e intermediación”. La capitalización El plan de “recuperación” de los bancos Bolívar, Banpro y Confederado se presenta en otra comunicación de la Sudeban, del día 31 de diciembre de 2008. El documento indica que el programa de pagos preveía que Fernández Barrueco aumentaría el capital de banco Confederado en Bs.F. 246 millones. En ese momento el capital de esta institución era de Bs.F. 51.043.200. Argumentos Para Banpro, la recuperación implicaba Bs.F. 47.976.199. El capital de este banco era de Bs.F. 91.306.449. Y al Bolívar, el empresario detenido tenía que capitalizarlo con Bs.F. 58.990.651. Sin este monto la entidad registraba un capital de Bs.F. 172.296.710. Para los fiscales y la Sudeban el patrimonio de Fernández Barrueco no era suficiente para adquirir los bancos. Lo que les hace deducir que los montos desembolsados vinieron de los recursos de los ahorristas. La Fiscalía investiga varios de los argumentos de la defensa, como pagarés entregados por la banca nacional, o transferencias hechas desde varias de sus propias empresas. Hoy la Fiscalía decidie si Fernández Barrueco va o no a juicio. Según comunicado de la Sudeban, el banco Canarias se vendió revalorizado. La operación fue por Bs.F. 5.050 millones, pero Sudeban dice valía Bs.F. 932,9 millones La recuperación 246 millones de bolívares fuertes tenía que capitalizar Fernández en el banco Confederado. 47.976.199 bolívares fuertes tenía que capitalizar Fernández en Banpro. 58.990.651 bolívares fuertes tenía que capitalizar Fernández en Bolívar. $486,8 millones era el patrimonio de Galopy Corporation, empresa de Fernández, en diciembre de 2008. $42 millones de dólares en bonos de Pdvsa registra la información financiera de Galopy. Fuente: El Mundo

CONVOCATORIA

El Interventor de U21 Casa de Bolsa convoca a los señores accionistas de U21 SERVICIOS FINANCIEROS, C.A. para una Asamblea Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día miércoles veintiocho (28) abril de 2010, a las 9:00 a.m, en las oficinas de la Compañia….

Concluido el  informe  sobre la situación financiera de U21.

El Interventor y la Comisión Nacional de Valores (CNV) deberán proceder de acuerdo a lo previsto  por el código de Comercio que establece los pasos siguiente:

El primero de ellos es convocar a una asamblea de accionistas que deber decidir su asume las pérdidas y reflote la compañía  “Casa de Bolsa” o si prefieren que se liquide.

Las causales de disolución de la sociedad anónima están relacionadas con la supervivencia de los elementos fundamentales de la sociedad, uno de los cuales es el capital social, por lo que su pérdida total o parcial en cantidad significativa, determina necesariamente la disolución y liquidación del ente social. Por ello, el ordinal 5° del artículo 340 del Código Vigente establece como causal de disolución de la sociedad la pérdida entera del capital o la parcial a la que se refiere el artículo 264,  cuando los socios no resuelven reintegrarlo o limitarlo al existente.

La aplicación del artículo 264 del Código de Comercio implica que la sociedad afectada está en una situación de graves dificultades; sin embargo, las opciones allí propuestas a los accionistas pueden permitir su recuperación.  De allí que para evitar daños irreversibles, entre otros a la reputación de esas compañías en dificultades, la aplicación de este artículo debe ceñirse estrictamente a los supuestos de hecho allí establecidos. Es por eso que es importante analizar a fondo cuál es el supuesto de hecho que haría a una compañía en dificultades quedar incursa en el procedimiento establecido en el artículo 264.

 Código Comercio

Las casas de bolsa deben liquidar Bs.F. 3.000 millones en activos para cumplir con la CNV. Los agentes del mercado están contra la pared y trazan estrategias y buscan la ingeniería financiera que los ayude a nadar contra la corrienteEl mercado de valores no la tiene fácil para cumplir con la reciente disposición de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que impone el desmontaje de los instrumentos financieros denominados “mutuos” en un plazo de lo que los agentes del mercado llaman “escasos tres meses”.

El problema se centra en que la relación entre activos financieros indexados a títulos valores (mutuos activos) y los pasivos financieros indexados a títulos valores (mutuos pasivos) es aproximadamente de 1 a 2,2 en la sumatoria global de los balances de las casas de bolsas publicados a diciembre.

Esta situación financiera se traduce en una brecha cercana a los 3.000 millones de bolívares fuertes, que estas empresas financieras deberán cubrir con otros activos para poder cancelar los contratos pasivos, a través de los cuales la gente colocó dinero en ellas recibiendo en garantía un título valor por un tiempo determinado.

No todas son iguales

Y como las generalizaciones tienden a ser muy molestas, es importante decir que en algunas compañías ambos instrumentos aparecen relativamente equilibrados en cartera, pero ello tampoco es garantía de que las cuentas por cobrar efectivamente logran cubrir las cuentas por pagar a raíz de la resolución.

Como dijese meses atrás Norys Aguirre, gerente de la Caja Venezolana de Valores y ex presidente de la Bolsa de Valores de Caracas: “Lo importante es el respaldo en activos que tiene ese pasivo que se crea en la casa de bolsa”

¿De qué depende?

“Las sociedades de corretaje que están mejor preparadas para afrontar la exigencia de la Comisión Nacional de Valores son aquellas que tienen el Índice de Riesgo Patrimonial más alto”, explicó Raúl Pérez Mollegas, analista financiero del Instituto Avanzado de Finanzas y asesor de inversiones.

Indica que la cobertura de los riesgos asociados a los pasivos asumidos por las casas de bolsa depende directamente de la relación entre el patrimonio de la compañía y sus activos ponderados por riesgo, indicador que requiere una revisión más profunda de los balances financieros de las mismas. “Es como en la banca, a mayor capitalización, mayor cobertura de riesgos”, precisó el analista.

Más adelante en su análisis de la situación Pérez Mollejas explicó que además de los mutuos activos, las sociedades de corretaje pueden apelar a otros activos, sus disponibilidades de dinero en cuentas bancarias nacionales y extranjeras, así como a sus portafolios de inversiones comerciales (PIC y PT), para obtener la liquidez que requieran en esta oportunidad.

La comparación del valor de los mutuos activos contra los pasivos no es perfecta, “depende del tipo de títulos valores que respalden esos contratos”, porque hay diferentes tipos de papeles en garantía inmersos en el negocio.

“No podemos comparar bonos de deuda con letras del tesoro”, acotó. Sin embargo aclaró que las sociedades de corretaje que negocien en mayor medida con títulos valores de la nación saldrán mejor paradas en el Índice de Riesgo Patrimonial, porque el riesgo de la República es prácticamente nulo.

Con esto como telón de fondo en cada casa de bolsa y sociedad de corretaje la solución que se busque tendrá sus matices

Pagan justos…

“La medida impuesta es un golpe al estómago de las sociedades de corretaje”, afirmó Pérez Mollejas, quien considera que el mutuo no es un instrumento financiero malo, sino que en algunos casos se abusó de él o se utilizó de una forma extremadamente irresponsable.

Fuentes que participan activamente en el mercado financiero afirman que gran parte del volumen de dinero que se movilizó a través de este tipo de contratos tuvo como destino el mercado de permuta.

Según Pérez Mollejas “es más fácil distinguir las casas de bolsa que no tendrán problemas, de las que sí los tendrán para cumplir con la nueva normativa: sencillamente las que no tienen mutuos a la fecha”.

Fuente : Gerardo Prieto Gotera – El Mundo Economia y Negocios 4/2/2010

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Según Giordani, casas de bolsa deberán adaptarse a las regulaciones

En un comunicado expresó que la intervención realizada a los bancos demostró la necesidad de efectuar nuevas leyes.

“Cuando se buscaban las tesorerías de los bancos, éstas no se encontraban; resulta que estaban en una casa de bolsa, hecho totalmente irregular. Esas instituciones deben adaptarse a una reglamentación”.

Explicó que “el sistema financiero tuvo una dinámica de burbujas como las que explotaron en Estados Unidos. Se enfrentó una pequeña crisis bancaria que logramos detener, y por eso tenemos que trabajar en un marco jurídico y normativo para evitar estas situaciones”.

Para el titular de las finanzas, “hay que controlar fenómenos especulativos relacionados con el sistema financiero, como es el caso de las casas de bolsa, con las que ya la Comisión de Valores está tomando decisiones”.

En una resolución la Comisión prohibió los mutuos y obligó a las casas de bolsa a liquidar esas operaciones en un plazo de 90 días.

El ministro de Planificación agregó que se continúa la lucha contra la inflación, y más allá del control de precios se espera alcanzar un mayor crecimiento.

Fuente: El Universal

Los mutuos: Un terremoto bursátil

¿Por qué la CNV tomó esta decisión? Para la CNV, algunas casas de Bolsa y sociedades de corretaje de valores distorsionaron un instrumento de inversión interesante, pero que bajo el respaldo legal que amparaba la figura del mutuo, éstos agentes del mercado crearon situaciones que colocaban en riesgo a los inversionistas. Los niveles de apalancamiento alcanzados por algunas casas de Bolsa excedían los niveles adecuados en relación a sus patrimonios. Bajo las leyes del Mercado de Valores, las intermediaciones financieras que permiten los mutuos no tienen encaje legal ni garantía por parte del algún organismo del Estado, como la que ofrece Fogade al sistema bancario. El problema se centra en que la relación entre activos financieros indexados a títulos valores (mutuos activos) y los pasivos financieros indexados a títulos valores (mutuos pasivos) es aproximadamente de 1 a 2,2 en la sumatoria global de los balances de las casas de Bolsa publicados a diciembre 2009. La intervención de U21 Casa de Bolsa, prendió las alarmas sobre los mutuos y las condiciones financieras y de balances de las casas de Bolsa. Además de U21, otras casas de Bolsa también han sido intervenidas: Unovalores, Inverunión, Primus, Unicrédito, Unicapital , La Primera y Globalcorp. En la próxima entrega me referiré al caso de U21, y que debería hacer el Ministerio de Economía y Finanzas, así como la subcomisión de Deuda y Crédito Público de la Asamblea Nacional (AN) en este caso.

Fuente:Guillermo García

Asesor de Inversión
finanzasaldia@gmail.com

Los Mutuos: Regulación o Eliminación.

El 29 de enero de 2010, se derogaron los artículos 59, 60 y 61 de las Normas sobre Actividades de Intermediación de Corretaje y Bolsa  para el Mercado de Capitales venezolano, donde se permitían las operaciones de Mutuo de Valores. Con ello se comprometió seriamente el desarrollo del mercados de capitales en Venezuela y la democratización del capital, mediante la cual los pequeños inversionistas, naturales y jurídicos, podían acceder a títulos valores como forma de mantener y preservar su patrimonio. Las operaciones con mutuos experimentaron un auge importante desde abril de 2001 con las citadas normas sobre actividades de intermediación y corretaje de títulos valores. 

El mutuo es una operación financiera mediante la cual una persona llamada mutuante o prestamista, transfiere a otra llamada mutuario o prestatario la propiedad de títulos valores. En este caso, la sociedad de corretaje o casa de bolsa  actuando como prestatario (pide prestado en mutuo un título valor)  y como no puede captar dinero del público como lo hace la banca,  lo que hace es pedir un titulo valor en préstamo a un cliente bajo la figura del contrato de mutuo y se obliga a pagarle al cliente una prima o contraprestación al vencimiento y devolverle el mismo título y los frutos que haya recibido. La sociedad de corretaje o casa de bolsa al recibir el titulo valor en propiedad, lo puede negociar para obtiene liquidez en dinero y con ese dinero efectúa operaciones activas permitidas por la Ley de Mercado de Capitales.

Esta figura permitió que muchos ciudadanos participaran por primera vez en  el mercado de capitales al adquirir títulos emitidos por el Estado venezolano o entes relacionados que posteriormente serían transados en el mercado secundario de valores con lo cual se le confería liquidez a ese mercado. Así, el pequeño inversionista se hacía parte de las emisiones que realizaba la República o PDVSA con el objeto de levantar fondos para su financiamiento.

De esta manera, los ahorristas, transformados en potenciales inversionistas  contaban ahora con más alternativas de colocación de sus fondos a parte de las tradicionales cuentas de ahorro y certificados de depósitos. Esto le permitía cubrirse parcialmente de los efectos de la inflación al tiempo que se creaba un mercado líquido con capacidad para absorber las emisiones de deuda y cualquier otros tipo de deuda pública o privada.

Las regulaciones establecidas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre las operaciones con mutuos era lo suficientemente moderna para permitir un perfeccionamiento que mitigara los riesgos de la operación. Así, las regulaciones establecidas por la CNV pautaban la existencia de un manual de contabilidad para el registro de las transacciones, la revelación de información por parte de las casas de bolsa y sociedades de corretaje, la presentación de estados financieros, mediciones de riesgo y exigencias patrimoniales. Todos estos elementos han podido y debieron mejorarse. Sin embargo, la decisión de eliminar los mutuos tiene varios impactos desfavorables para la economía. El primero es que deja al pequeño y mediano inversionista sin instrumentos para la protección de sus ahorros frente a la inflación, en segundo lugar tiende a concentrar las captaciones de los depósitos en los bancos más grandes del sistema. Esto último puede resultar desfavorable para los propios bancos en la medida en que aumentan sus pasivos en un cuadro de recesión y de deterioro de la cartera de créditos. Igualmente, se le resta liquidez y flexibilidad al mercado de capitales para las colocaciones de deuda en la medida en que las casas de bolsa y sociedades de corretaje cuentan con la tecnología y los recursos humanos para facilitar la colocación de la deuda pública.

Al eliminarse otro instrumento financiero, que daba liquidez al mercado, difícilmente se apoyará al objetivo planteado de tratar que la cotización del dólar en el mercado de permuta pueda disminuir sensiblemente y de forma permanente, toda vez que los determinantes de ese precio guardan relación con otros factores. Contrariamente, el hecho de sacar los mutuos del mercado puede introducir mayores elementos de incertidumbre que incrementen la demanda de moneda extranjera y por ende se exacerbe la tendencia alcista del tipo de cambio no oficial.  

Lo aconsejable sería que la CNV rectificara la medida y al mismo tiempo hiciera ajustes en la regulación para hacerla más estricta en cuento a los requisitos de capital para el apalancamiento, la gestión del riesgo y la provisión de información al ente regulador. Debemos insistir que sin mercado de capitales no hay democratización del capital y quienes resultan gravemente perjudicados son los pequeños y medianos ahorristas.

Por Sary Levy y José Guerra 

Caracas, 21 de enero de 2010.

SEÑORES:

PRESIDENTE Y DEMÁS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.-

SU DESPACHO.-

Yo, WOLFANG CARDOZO ESPINEL, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.221.063, actuando en mi carácter de Presidente de la Organización de Consumidores Usuarios de Venezuela (OCU VENEZUELA, A.C.), asociación inscrita ante el Registro Público del Municipio Zamora del Estado Bolivariano de Miranda en fecha 3 de agosto de 2009, bajo el Tomo 1, Nº 40, Protocolo PJC RIF: J-29806157-0 cuya copia anexo al presente escrito marcada “A”, en nombre de la institución que represento acudo fundamentado en lo previsto en los artículos 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia el artículo 2º de la Ley de Mercado de Capitales que atribuye a ese ente la facultad de promover, regular, vigilar y supervisar el mercado de capitales para exponer lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Dentro del Título III de la Ley de Mercado de Capitales se encuentra el Capítulo III referido a los corredores públicos de valores, asesores de inversión y otros intermediarios. En el capítulo antes referido se encuentra el artículo 75:

“Artículo 75º. Las personas que realicen operaciones de corretaje con valores, dentro o fuera de la bolsa, deberán solicitar autorización ante la Comisión Nacional de Valores para actuar como corredor público de valores. La Comisión Nacional de Valores establecerá las normas para la inscripción de dichos corredores en el Registro Nacional de Valores, así como aquellas que regulen sus actividades.”

Asimismo, el artículo 76º dispone:

“Artículo 76º. Los corredores públicos de valores podrán operar por cuenta propia, de acuerdo con las normas que determine la Comisión Nacional de Valores. Cuando un corredor actúe por cuenta propia deberá informar esta circunstancia a las personas que concurran a la operación. En todo caso, los corredores públicos de valores deberán obtener autorización expresa de sus clientes para adquirir, para sí, los valores que se les ordenó vender, y vender los suyos a quién le ordenó adquirir.

La Comisión Nacional de Valores establecerá los límites y condiciones que deben atender los corredores públicos de valores, cuando actúen por cuenta propia.”

Seguidamente el artículo el artículo 79º de la misma norma legal establece lo siguiente:

“Artículo 79º. Las casas de bolsa o sociedades de corretaje podrán realizar además de las operaciones de intermediación que les son propias, las siguientes actividades, siempre referidas a la oferta pública de valores y debidamente autorizadas por la Comisión Nacional de Valores:

…7. Las demás actividades que la Comisión Nacional de Valores autorice en las normas que dicte al efecto.”

En este mismo orden de ideas, las vigentes Normas Sobre Actividades de Intermediación Corretaje y Bolsa publicadas en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en fecha 19 de junio de 2008, Nº 38.956, prevén en el artículo 7º lo siguiente:

“Artículo 7. Las relaciones entre las casas de corretaje y sus clientes se rigen por las reglas del Contrato de Comisión…”

Ahora bien, las mismas normas antes mencionadas en su artículo 59, permiten que algunas sociedades de corretaje y casas de bolsa realicen operaciones de “mutuo” actuando en calidad de “mutuante” o de “mutuaria” basándose para ello en la previsión del artículo 79º numeral 7º de la Ley de Mercado de Capitales.

Las referidas normas definen el Mutuo de la siguiente manera:

“Artículo 4.- definiciones básicas. A los efectos de las presentes Normas se establecen las siguientes definiciones:…

j) Mutuo: Es un contrato mediante el cual la sociedad de corretaje o el cliente entregan o reciben en préstamo cierta cantidad de valores con la obligación de recibir o entregar al vencimiento del contrato otros valores de la misma especie y calidad…”

Este mismo orden de ideas y con respecto a la actividad antes mencionada, creemos conveniente hacer mención a los siguientes artículos de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 5.947 (E) del día 23 de diciembre de 2009:

“Artículo 1. La actividad de intermediación financiera consiste en la captación de recursos, incluidas las operaciones de mesa de dinero, con la finalidad de otorgar créditos o financiamientos, e inversiones en valores; y sólo podrá ser realizada por los bancos, entidades de ahorro y préstamo y demás instituciones financieras reguladas por este Decreto Ley.”

“Artículo 104. Los bancos de inversión tendrán como objeto intermediar en la colocación de capitales, participar en el financiamiento de operaciones en el mercado de capitales, financiar la producción, la construcción y proyectos de inversión, y, en general, ejecutar otras operaciones compatibles con su naturaleza, con las limitaciones previstas en este Decreto Ley.”

CONCLUSIONES Y SOLICITUDES

Fundamentado todo anterior, tomando en consideración que se encuentran en juego los ahorros de muchas personas que han invertido en los instrumentos ofrecidos por muchas casas de bolsas de las que operan en el mercado venezolano y que los mismos no se encuentran garantizados por el FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE), solicitamos respetuosamente a esa digna Comisión Nacional de Valores, se sirva emitir un pronunciamiento en los siguientes términos:

Si Pueden o no considerarse las sociedades de corretaje y casas de bolsa como corredores públicos de valores, en los términos del artículo 75º y artículo 76º de la Ley de Mercado de Capitales.

Si existe alguna relación entre la realización de operaciones de “mutuo” prevista en el artículo 59 de las Normas ya mencionadas, como actividad de intermediación que no le es propia de las sociedades de corretaje y casas de bolsa, el carácter o naturaleza que las mismas deberían tener y lo previsto en el artículo 1º y el artículo 104º de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financiera.

MEDIDAS CAUTELARES:

Por cuanto, existe el riesgo inminente de que las sociedades de corretaje y casas de bolsa puedan incumplir los compromisos con las personas que realizaron inversiones en productos y valores del mercado de capitales a través de los contratos diseñados por sociedades de corretaje y casas de bolsa, sin que exista mecanismo alguno que los respalde, solicitamos respetuosamente al Directorio la honorable Comisión Nacional de Valores, que en ejercicio de la facultad que le atribuye el Artículo 9º, numerales 15º y 22º de la Ley de Mercado de Capitales, suspenda la realización las operaciones de mutuo con valores a los que se refiere el artículo 59 de las Normas Sobre Actividades de Intermediación Corretaje y Bolsa, hasta tanto no se compruebe el respaldo efectivo que estas operaciones tienen, ya en dinero o en valores y se determine si las sociedades de corretaje y casas de bolsa tienen dentro de naturaleza realizarlas.

Solicitud que realizamos sin perjuicio de las que pudieran introducirse ante la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

En Caracas, República Bolivariana de Venezuela a la fecha de su presentación.

Wolfgang Cardozo Espinel

Presidente

OCU – Venezuela A.C.

Adjunto lo indicado

Dirección: Conde a Principal, Edificio Ambos Mundos, Piso 1, Oficina 112, FEVACU. P. Catedral. Caracas.

Centro Comercial Aloa, Torre C, Piso 8, Oficina 8-6, Urb. Horizonte, Caracas.

Teléfonos +582123122505 / 04122232650 /+584164132650

Caracas, 16 Ago. ABN.- La Organización de Usuarios y Consumidores (OCU Venezuela) considera que la futura Ley de preventas inmobiliarias frenará la especulación con el financiamiento de viviendas, según considera el titular de esta asociación gremial, Wolgfang Cardozo Espinel.

En efecto, explicó que el Proyecto de Ley de preventas inmobiliarias está compuesto de 21 artículos, en los cuales se establecerán las reglas tanto para las constructoras, inmobiliarias como para los compradores.

“Aplaudimos la iniciativa de la Asamblea Nacional toda vez que viene a frenar la especulación en los distintos tipos de financiamientos en materia de vivienda”.

Al respecto, explicó que dicho proyecto contempla que todos los contratos de inmuebles tendrán que establecer, entre otras cosas: la fecha de culminación de la obra, la cual no podrá exceder de 24 meses; la fecha de la firma del protocolo, el precio definitivo del inmueble y la descripción interna de la vivienda, sea casa o apartamento.

“Sobre todo apoyamos e insistimos en la prohibición expresa del cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en materia inmobiliaria”.

De hecho, indicó que la diputada Laura Valls, presidenta de la Subcomisión de Viviendas, señaló el viernes pasado que en dos semanas estará concluido el informe final de la citada legislación.

Este nuevo instrumento de ley faculta al Ejecutivo Nacional a intervenir la obra cuando las constructoras, por problemas técnicos, no puedan concluir el desarrollo habitacional en el tiempo establecido.

Valls dijo que una vez el instrumento haya sido aprobado por los miembros de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, será remitido a la Secretaría de la institución para que la directiva decida la fecha de su primera discusión en plenaria.

En el proyecto se elimina en forma definitiva el cobro del INPC, también se establecen las fórmulas para calcular el pago de intereses y la cancelación de las cuotas tomando como referencia los requisitos bancarios. Además, se ordena establecer un cronograma para la protocolización o entrega formal del título de propiedad a los compradores.

La Subcomisión de Viviendas denunció, refiere Cardozo Espinel, que algunas constructoras todavía se rehúsan a cumplir la resolución que sobre la materia emitió el Ministerio de Obras Públicas y Viviendas, a través de la cual se prohíbe el cobro del Indice de Precios al Consumidor.

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